Ya han pasado 12 años desde la inauguración del centro comercial Port Halley y 10 desde que se destapara que estaba gestionado por una empresa, Port Halley S.L, integrante de un supuesto entramado mafioso compuesto por un conglomerado de empresas encabezadas por BB Serveis.
Estas empresas todavía hoy siguen siendo investigadas por llevar a cabo una de las mayores estafas relacionadas con la atención a la dependencia, tal y como destapó la Plataforma de Afectados BB Serveis, entidad impulsora de la querella criminal contra esta trama corrupta. Se investiga un presunto fraude de más de 34 millones de euros en servicios a la dependencia y de atención a gente mayor en residencias y centros de día. Entre las residencias afectadas se encuentra la antigua residencia Montemar de Cambrils. También llegaron a llevar la gestión del servicio de atención a la dependencia de Tarragona.
Tal y como señala el documental Pactos del Silencio, realizado por la propia plataforma bajo la producción de Toni Navarro, un mínimo de 750 personas en situación de dependencia se quedaron sin asistencia en toda España. No obstante la plataforma asegura que las personas afectadas son muchas más puesto que el sumario solo recoge una ínfima parte de las residencias que llegaron a formar parte de la trama.
Bajo el nombre “Operación Halley” se investigan diferentes casos: el expolio del dinero de la dependencia y su salida hacia paraísos fiscales, los impagos y la desatención médica en las residencias geriátricas bajo su control o el desamparo de los trabajadores y trabajadoras a su cargo en el centro comercial Port Halley de Vila-seca.
El modus operandi de la trama era el siguiente: creaban empresas franquiciadas por toda España y se presentaban a concursos públicos para conseguir la adjudicación de los servicios a personas mayores de diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas. Una vez alcanzaban los contratos, se desentendían de sus obligaciones y dejaban de pagar los impuestos, las nóminas de los trabajadores y creaban ERES falsos. En total ganaron unos 90 concursos públicos en todo el Estado. Ofrecían el servicio con el coste más bajo y se llevaba la adjudicación.
En la cima de la presunta trama criminal, los informes de la Guardia Civil colocan a un empresario catalán llamado Jesús Puyoles Salvat. Su nombre aparece ya en 1993 vinculado a la quiebra millonaria de una empresa de inversión llamada Grup de Consellers Financiers, que la prensa de la época vinculaba directamente con dirigentes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y en especial con Francesc Gordó, fundador del partido y padre del exconseller Germà Gordó. Tal y como recoge el periodista Daniel Montero, investigaciones posteriores han desvelado su relación con el financiero Javier de la Rosa y con Daniel Pouget, condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a seis meses de prisión en el caso Fórum Filatélico. En un segundo escalafón la investigación coloca presuntamente a su socio Ismael Soriano, con experiencia en el sector sanitario, y a otro empresario llamado Alain Dominique Hernández.
Tanto Alain Hernández, como Puyoles están directamente relacionados con Port Halley S.L., empresa que gestionó el centro comercial de Vila-seca. Alain fue administrador único desde 2009 hasta 2014. Puyoles, por su parte, consta como apoderado desde 2006 hasta 2015, fecha que entra en concurso de acreedores y posterior fase de liquidación. Port Halley S.L consiguió el derecho de superficie para crear y explotar el centro comercial tras ganar un concurso público diseñado a tal efecto en el año 2006.
Con la inauguración del centro en 2008 muchos fueron los pequeños comerciantes del municipio de Vila-seca y sus alrededores que decidieron invertir allí vislumbrados por falsas promesas. Al poco tiempo la mayor parte de ellos acabaron arruinados. La empresa también acabó adeudando dinero por impagos a los trabajadores y trabajadoras que se encargaban del servicio de seguridad y limpieza en el centro. Les dejaron abandonados. Sin dar explicaciones y sin presentarse a juicio.
La empresa también acabó endeudada con el Ayuntamiento de Vila-seca. Dejaron de pagar el canon anual por la explotación del centro y en 2013 entraron en concurso de acreedores. Actualmente Port Halley S.L. se encuentra en fase de liquidación y la deuda con el consistorio, cercana al millón de euros, se considera de dudoso cobro. De hecho en la lista de morosos con hacienda de 2020 aparece con 1.027.156,52€ de deuda. Mientras sucedía todo esto el sumario indica que los ejecutores de la trama se daban una vida de lujo adquiriendo coches de alta gama y otros faustos.
Vila-seca en Comú sacó la cuestión en el pleno municipal de septiembre de 2018. Preguntó al equipo de gobierno si se había preocupado por los trabajadores y empresarios afectados por Port Halley y les sugirió una reunión con la Plataforma de Afectados BB Serveis. La respuesta del gobierno fue que el consistorio «ha atendido y atenderá» a los afectados. Esta aseveración contrasta con el sentir de los empresarios y trabajadores afectados, que han afirmado públicamente sentirse desatendidos y abandonados por parte del consistorio.
Si bien la investigación sigue su curso, el caso parece escapar del interés público y de la agenda política. Van pasando los días, los meses y los años sin que haya una reparación para con las personas afectadas. Muchas de ellas no lo podrán ver en vida puesto que ya no están con nosotros. Por ellas y por las que todavía siguen no podemos permitir que la llama de este caso caiga en el olvido. Si queremos que se haga justicia es imprescindible seguir haciendo difusión y presionando para que el caso no acabe guardando polvo en un cajón de la fiscalía.
Mario Téllez Molina
Portavoz del Grupo Municipal de Vila-seca en Comú.